Otra Europa es posible: la de los trabajadores y los pueblos

Rebelión Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) han aprobado el texto de la llamada “Constitución Europea” que consagra el modelo neoliberal de Maastricht, en el momento en que en nuestro país vemos cómo la construcción naval está amenazada por la imposición de la Comisión Europea, y cuando la ampliación de la UE se ha acompañado de una oleada de cierres de empresas, de “deslocalizaciones” como no habíamos conocido. Quieren imponernos una “Europa” en la que los derechos laborales y los puestos de trabajo están en entredicho. El Sector Crítico de Comisiones Obreras nos oponemos al tratado de la constitución europea, firmado en Roma el 29 de Octubre del 2004, porque entendemos que consolidaría una Europa menos social, menos democrática y menos solidaria. Por ello intentaremos impulsar un debate -que hasta ahora no ha existido en el seno del sindicato- entre los afiliados/as y los trabajadoras/as. Sustentamos nuestro rechazo por los siguientes motivos: 1. No es una auténtica Constitución ya que no nace de la soberanía de los pueblos, que es la fuente de los poderes democráticos, sino de instituciones indirectas hegemonizadas por los sectores conservadores. Por ello no tiene la autoridad política, legal y moral de las constituciones democráticas ni capacidad de limitar y regular los poderes políticos. Lo que hace el texto es profundizar en la lógica neoliberal de los tratados anteriores. Además, el proyecto de constitución europea fue modificado por la Conferencia Intergubernamental (jefes de Estado y de Gobierno) de Junio 2004. Los cambios introducidos han empeorado el proyecto anterior, produciéndose regresiones, desde el punto de vista de los trabajadores y quedando, como ha reconocido la CES, “menos ambiciosa y menos eficaz”. 2. No es la Constitución para la Europa Social. La mal llamada constitución europea insiste en los contenidos de la Europa de Maastricht: reformas laborales, ataques a los servicios públicos, recorte de presupuestos sociales para imponer el déficit cero. Esta constitución se pretende aprobar en un momento en que las pensiones, los sistemas de protección social, los servicios públicos y los recursos naturales están amenazados. En toda Europa se fomenta la deslocalización, la prolongación de la jornada laboral y su flexibilización, y los derechos de las personas en activo y paradas se ven en peligro. La constitución fija con todo detalle las opciones políticas, económicas y sociales que nos afectarán en los próximos años y que van en el sentido de la dominación del mercado, la libertad de acción del capital y de las empresas transnacionales. El modelo de “economía de mercado altamente competitiva” y de “mercado abierto” significa de hecho, implantar un marco que confronta objetivamente a todos los trabajadores de la UE y, más allá, a los trabajadores del mundo entero. El capitalismo más neoliberal y la libre concurrencia se convierten en el pilar de la Unión Europea en lugar de los derechos sociales, el pleno empleo de calidad y con derechos reconocidos. Se limita así, intolerablemente, la voluntad soberana de los pueblos. El texto de constitución no reconoce la existencia de servicios públicos, sino que los sustituye por unos llamados “servicios de interés general”, que pueden ser prestados por cualquier entidad o empresa privada. Se intenta por medio de la conocida como “Directiva Bolkenstein”, cuyo proyecto se debatirá en el 2005 en aplicación de la filosofía de la constitución y del Acuerdo General del Comercio de Servicios de la OMC, la liberalización-privatización, de los Servicios Públicos, abriéndolos a la libre competencia, en base exclusivamente a su rentabilidad económica y sin valorar la rentabilidad social. Quienes, desde la CES y desde el movimiento sindical, defienden la constitución argumentan que en ella se reconocen los derechos sociales a través de la Carta de Derechos Fundamentales. Aunque la Carta haya sido integrada en la constitución, no crea derecho social europeo susceptible de compensar la degradación que impulsa la competencia, siendo ésta la única que se preserva y adquiere un carácter realmente comunitario. En general prevalece la legislación de cada país sin que se armonicen y regulen unos derechos laborales y sociales mínimos. Sustituye el derecho al trabajo por el derecho a trabajar, no reconoce el derecho de huelga a escala europea y rechaza la igualdad de derechos de quienes residen en Europa y no poseen la nacionalidad de un estado miembro. En la denominada “cláusula social” que informa la parte tercera, se sustituye “pleno empleo” y “nivel elevado de protección social” por la más descafeinada e inconcreta de “nivel de empleo elevado” y “protección social adecuada”. La supresión de la posibilidad de decidir por mayoría cualificada medidas de cooperación administrativa y de lucha contra la evasión y el fraude fiscal hace imposible políticas conjuntas en este importante campo. Como en toda la política fiscal, cualquier decisión deberá tomarse por unanimidad. Ello convierte en prácticamente imposible desarrollar medidas de armonización fiscal que permitan luchar contra el movimiento especulativo del capital y contra la deslocalización industrial. 3. No es la Constitución de la Europa Democrática. Supone dar plenos poderes a instancias al margen de todo control democrático, como la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, cuya única misión es mantener la estabilidad de precios y bloquear las políticas presupuestarias en detrimento de los servicios públicos, los ingresos sociales, y el empleo. A estos ámbitos les ceden soberanía tanto los gobiernos como los Parlamentos nacionales, sin que el Parlamento Europeo tenga control sobre ellas. De hecho, el Parlamento queda vacío de poder. Ni siquiera puede proponer leyes (la competencia legislativa plena es de la Comisión Europea). Es, por tanto, la negación de la democracia. 4. No es la Constitución para la Paz. No supone el fortalecimiento de Europa, sino la sumisión a la OTAN y a la política exterior y militar de los EE.UU, así como el desarrollo del militarismo y el crecimiento del gasto militar en cada país miembro, detrayendo inevitablemente recursos de los que se deberían invertir en aumentar la convergencia económica y social entre los actuales 25 países de la UE. Por lo expuesto, queda claro que hay suficientes razones para oponerse a la llamada constitución. Añadir cuatro reflexiones finales más para votar en contra: a. No es cierto que sea “un paso adelante”. Más bien al contrario: si este texto es ratificado, será necesario el acuerdo de los 25 Estados miembros para modificarlo, lo cual será prácticamente imposible y supondría blindar este texto para medio siglo. b. El 20 de febrero no existe la opción del ”si crítico”. Si se pide el “si” a esta constitución, no se tendría autoridad para exigir el cambio desde el día siguiente en temas tan claramente negativos como el papel del Banco Central Europeo, la falta de armonización fiscal, la marginación de los inmigrantes, la defensa de los servicios públicos, etc. c. El tratado constitucional no es inocuo, ya que tendría consecuencias negativas concretas para los ciudadanos: desmantelamiento de los servicios públicos, deslocalzaciones, presión para disminuir los salarios y los derechos laborales y la tendencia a la homologación a la baja de los derechos de los trabajadores hacia la situación existente en los nuevos países del Este de Europa, en vez de extender el modelo de los países nórdicos europeos que demuestra la relación entre protección social y eficiencia económica. Por ello, al igual que ningún trabajador puede firmar un contrato de trabajo sin leerlo, ningún ciudadano puede dar su “sí” a un texto que no conoce y sobre el que sus defensores pretenden que no haya debate sino simple propaganda desde el poder y los aparatos de las organizaciones que lo apoyan. d. Por último, frente al discurso del miedo, de los que dicen que si no se aprueba la constitución se paralizaría la Unión Europea durante un periodo indefinido o se hundiría frente a USA, hay que decir que es exactamente todo lo contrario: es este modelo neoliberal lo que realmente representa una amenaza para la idea misma de Europa. Por todo lo anterior, este tratado constitucional debe ser rechazado, sabiendo que hay alternativas que deben de tener en cuenta el sentir de los ciudadanos para avanzar en otro modelo de construcción europea. En una Europa social, de progreso y más democrática, basada en la ciudadanía plena y sin restricciones de todas las personas residentes en su territorio (los ciudadanos de los nuevos países del Este y los 20 millones de inmigrantes); una Europa que se movilice contra el paro, la precariedad y la degradación de las condiciones de vida, reforzando las garantía sociales, coordinando las políticas económicas y armonizando las fiscales, que refuerce el sector público y el gasto social; una Europa que defienda la paz, se oponga al nuevo imperialismo y fomente la cooperación entre todos los pueblos del planeta; una Europa comprometida con el medioambiente y el desarrollo sostenible. Para que esta Europa de los ciudadanos y de los pueblos, basada en los valores del progreso social, la paz y la democracia sea una realidad, llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras, a todos los sindicalistas, a que se movilicen y organicen en defensa de los derechos y conquistas sociales y de los servicios públicos y a trabajar activamente por la victoria del NO el 20 de febrero de 2004. Sector Crítico de CCOO 1 de enero de 2005