Filipinas: Francisco Larrañaga
Actualización: 19 de mayo de 2004
Francisco Juan Larrañaga es un español de 26 años que vive en Filipinas. El 5 de mayo de 1999 fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de primera instancia, junto con otros seis acusados, por secuestro, violación y muerte de dos mujeres filipinas: Maryjoy Chiong y Jacqueline Chiong (las “hermanas Chiong”). El 5 de febrero de 2004, el Tribunal Supremo de Filipinas revisó la sentencia y la aumentó a pena de muerte, condenando a Francisco Larrañaga y a otros cinco imputados. La decisión de elevar la pena a seis de los siete condenados fue aprobada por todos los miembros del Supremo, aunque el presidente del Alto Tribunal, Hilario Davide, se vio obligado a no participar en la votación, dado que las víctimas eran familiares de su esposa. En cuanto al séptimo condenado, James Anthony Uy, se le ha mantenido la cadena perpetua ya que cuando se llevo a cabo el crimen era menor de edad
Según la sentencia del Tribunal Supremo, Larrañaga y los demás condenados secuestraron el 16 de julio de 1.997 en un centro comercial de la ciudad filipina de Cebú a las hermanas Maryjoy y Jacqueline Chiong, entonces con 19 y 21 años respectivamente. Los condenados, añade la sentencia, violaron repetidamente a las victimas y el cadáver de Maryjoy, apareció el día siguiente, mientras que el cuerpo de Jacqueline sigue desaparecido.
Francisco Larrañaga, así como su familia, ha manifestado en todo momento su inocencia, argumentando que en la mañana del 16 de julio de 1.997 se estaba examinando en la Escuela de Artes Culinarias en Manila, a 300 kilómetros por mar de la ciudad de Cebú, donde presuntamente se cometieron los crímenes. La coartada la ratificaron 15 testigos, entre ellos la profesora de la escuela, sus compañeros de clase, el guardia de seguridad del edificio donde vivía en Manila y los amigos con los que estuvo aquella noche. Además, el Juez no permitió declarar a otros 20 testigos, que decían poder corroborar la coartada de Francisco Larrañaga.
Las investigaciones policiales se centraron en un principio en delincuentes habituales de Cebú. Al parecer, la primera pista que los llevó a los siete acusados fue una denuncia anterior de una joven que había señalado a Paco Larrañaga como la persona que había tratado de introducirla en su coche a la fuerza unos meses antes. Pero no fue hasta ocho meses más tarde, ante la presión popular para dar con los culpables que amenazaba a toda la jerarquía policial de Cebú, cuando los investigadores se encontraron con el testimonio de David Valiente Rusia, un delincuente con pequeños delitos pendientes en EE.UU. que aseguraba haber participado en el crimen y señalaba entre los participantes a varios hijos de la elite local, incluido Paco Larrañaga.
David Valiente Rusia, hoy en paradero desconocido, recibió inmediatamente inmunidad y se convirtió en testigo protegido a cambio de denunciar lo ocurrido durante el juicio, donde alegó que su conciencia no le había dejado dormir y que arrepentido se decidió a contar la verdad. Fuentes policiales afirman que el testimonio de David Valiente Rusia fue contrastado con numerosos testigos y que sus detalles eran tan concretos que difícilmente podrían haber sido inventados.
La familia de Francisco Larrañaga cree que durante las investigaciones y el propio juicio hubo irregularidades, entre ellas que a pesar de haberse encontrado restos de semen en una de las víctimas no se haya realizado ninguna prueba de ADN, que el juez no permitió elegir a Francisco su propio abogado cuando el anterior renunció, o que tres de los acusados manifestaron haber sido torturados durante los interrogatorios.
Amnistía Internacional, que no entra a valorar la culpabilidad o la inocencia de Francisco Larrañaga pero se opone a la pena de muerte en todos los casos, está en contacto con su familia y realiza un seguimiento de las gestiones que llevan a cabo, a la espera de que se resuelva la moción de reconsideración que Francisco ha elevado al Tribunal Supremo. Mientras tanto Amnistía Internacional Amnistía Internacional pide desarrollar todas las acciones para proteger sus derechos, y al igual que todos los casos, agotados los medios, se le conmute la condena a muerte un castigo que supone una violación del derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas.
La Presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, levantó en noviembre de 2003 la suspensión de las ejecuciones en los casos de condenados por secuestro y tráfico de drogas. Desde la restauración de la pena de muerte en 1993 más de 1.916 personas han sido condenadas a muerte en Filipinas y se han llevado a cabo 7 ejecuciones. Además, al menos siete menores delincuentes continúan condenados a muerte por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años, aún cuando la ley en Filipinas establece con claridad que los menores no pueden ser condenados ni ejecutado


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