¿Tenemos derechos históricos?

¿Tenemos derechos históricos? FRANCESC DE CARRERAS - 21/07/2005 La propuesta de reforma del Estatut de Catalunya, aprobada por la ponencia parlamentaria conjunta el 8 de julio pasado, contiene un artículo sobre el que vale la pena prestar atención. Dice así: "El autogobierno de Catalunya se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán, que este Estatut incorpora y actualiza". En los votos particulares de CiU y de ERC se insiste en la importancia de que el nuevo estatuto reconozca estos derechos históricos. En el muy interesante voto particular del PSC no hay mención alguna - ni positiva ni negativa- a ellos, quizá por considerar el precepto irrelevante. Sin embargo, a mi modo de ver, se trata de un tema importante, no sólo por sus posibles consecuencias jurídicas, sino también por la ideología política que refleja. En efecto, la invocación de unos derechos históricos colectivos a principios de siglo XXI y en Europa occidental sólo puede ser indicio de dos cosas: o bien de una gran ignorancia, o bien de una ideología predemocrática. Téngase en cuenta que la invocación que hace la propuesta de estatuto no es a fundamentar el ejercicio de una determinada competencia concreta en precedentes históricos. No. Lo que dice exactamente el precepto citado es que el autogobierno de Catalunya, organizado políticamente en un sistema institucional denominado Generalitat (artículo 2.1 de la propuesta), "se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán". Aunque en otro precepto (concretamente el artículo 2.4) se reconoce que "los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Catalunya", el fundamento del autogobierno queda claramente establecido en estos supuestos derechos históricos. Veamos las razones por la cuales esta alusión a los derechos históricos sólo puede ser debida a una supina ignorancia o a una mentalidad predemocrática. Como tantas palabras, el historicismo puede tener muy distintos significados. El historicismo tomado como método para comprender los fenómenos sociales agrupa a autores de tendencias muy diversas, desde Montesquieu hasta Marx o desde Vico hasta Ranke, pasando por otros muchos. Ahora bien, el historicismo considerado como el fundamento de instituciones políticas únicamente ha sido utilizado con una finalidad: eliminar, frenar o limitar, la voluntad popular, el poder del pueblo, la capacidad de decisión de los ciudadanos. En definitiva, para impedir el ejercicio de los derechos democráticos. Ello es visible a lo largo de toda la historia. En la época premoderna, los estados absolutos se fundamentaban sobre dos grandes pilares: la tradición histórica y el derecho natural de raíz cristiana. Los reyes tenían como límite a su poder soberano el derecho natural - del que la Iglesia era celoso guardador- y las leyes legitimadas en la tradición histórica. Bodino, en el siglo XVI, explica perfectamente esta construcción del Estado absoluto. El derecho natural racionalista - que escapó al control de la Iglesia- puso en cuestión el esquema absolutista: el Estado únicamente existía para garantizar la libertad individual de las personas consideradas iguales en derechos. Emancipándose de la tradición histórica y del control de la Iglesia, la revolución democrática había comenzado. Sin embargo, las transformaciones sociales no son fáciles y tanto las fuerzas tradicionales como la Iglesia intentaron poner obstáculos al desarrollo de los principios de libertad e igualdad. El historicismo político, el retorno de los derechos históricos como fundamento del Estado, fue un elemento clave para frenar el ímpetu de las revoluciones liberales. El británico Burke, en tiempos de la Revolución Francesa, aseguró un orden tradicional en su país sin peligro de que fuera contaminado por lo que sucedía en Francia, fundamentando la monarquía y los derechos de los ingleses en el legado de la historia. En Alemania, Savigny y los románticos preservaron el liberalismo de la democracia invocando el espíritu del pueblo, algo parecido a la identidad nacional de hoy, fundándolo también en la interpretación histórica. Una parte del liberalismo doctrinario francés también bebe en las mismas fuentes. En España, además del carlismo, todo el pensamiento conservador - de Jovellanos a Cánovas del Castillo- utilizó la idea de Constitución histórica (o Constitución interna) como una manera de preservar los derechos de la monarquía frente a los derechos democráticos. En Catalunya, el discípulo de Savigny Duran i Bas - miembro prominente del partido de Cánovas, no lo olvidemos- influyó decisivamente en el nacionalismo catalán a través de su hijo, Duran i Ventosa, el más importante teórico de la Lliga Regionalista. En fin, los derechos históricos que invoca el PNV - y reconoce la Constitución- no son más que un residuo del carlismo. En todo caso, las constituciones que han fundamentado su legitimidad en la tradición histórica siempre lo han hecho para limitar el poder del pueblo, siempre en detrimento de la democracia. A pesar de todas estas referencias, la propuesta de nuevo estatuto fundamenta nuestro autogobierno en unos supuestos derechos históricos de Catalunya. ¿En cuáles? ¿En los derechos de la Catalunya anterior a 1714? ¿En aquella Barcelona idílica que gozaba de libertad y democracia antes de ser arrasada por las tropas de Felipe V? No exagero: todo puede ser. Tengan en cuenta que CiU propone en su voto particular la derogación del Decreto de Nueva Planta, por lo visto hoy todavía vigente. Cualquier día propondrán derogar la ley de la gravedad. ¿Ignorancia o actitud antidemocrática? Newton, Newton... FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB EL DEBATE TERRITORIAL. Las estrategias de los partidos ERC desafía al PSC e invoca los derechos históricos para blindar competencias Los socialistas advierten de que la radicalización aleja el consenso sobre el Estatut La recta final de la redacción del nuevo Estatut evidencia las diferencias entre ERC y PSC. ERC invocó ayer los derechos históricos para blindar competencias y el PSC replicó que no piensa entrar en un camino que aleja el consenso. JOSEP GISBERT - 21/07/2005 BARCELONA ERC no sólo no está dispuesta a aceptar que el PSC introduzca más rebajas en el proyecto del nuevo Estatut, sino que desafía a su socio en el Govern e invoca los derechos históricos de Catalunya para blindar algunas de las competencias de la Generalitat. Ésta es la principal novedad de las enmiendas al articulado de la proposición de ley que ayer presentó el partido de Josep Lluís Carod-Rovira, en las que utiliza la fórmula de los derechos históricos para reclamar, en concreto, competencias exclusivas en materia de derecho civil, cultura y lengua, régimen local, organización de las instituciones de la Generalitat, y seguridad. Las cuatro primeras ya tiene carácter exclusivo en el actual Estatut y la quinta la invoca ERC con el argumento, según subrayó Joan Ridao, de que los Mossos d´Esquadra ya existían en el siglo XVIII. La apelación a los derechos históricos lleva a que ERC coincida con el planteamiento que CiU también ha anunciado que pondrá sobre la mesa, aunque los casos prácticos en que propone su aplicación son inferiores. La circunstancia, en cualquier caso, molestó al PSC, que no dudó en reclamar a ERC que "no caiga en la trampa" de CiU de hacer fracasar el Estatut. José Zaragoza, secretario de organización del PSC, fue el encargado de advertir que "si ERC escoge el camino de radicalizarse para competir con CiU, puede estar alejándose del consenso que haga posible el Estatut", y de precisar que en el camino de un Estatut para conseguir más autogobierno y mejor financiación el PSC "está dispuesto a llegar muy lejos", pero que en el de los derechos históricos y la autodeterminación - que ERC propone para el preámbulo- "no pensamos entrar". Las enmiendas de ERC refuerzan también el blindaje de las competencias exclusivas, mientras que sobre las compartidas mantiene el redactado actual de la proposición de ley, al que se opone el PSC, y no se aviene a las rebajas que pretende su socio en el Govern. Es el mismo planteamiento de las enmiendas de ICV-EUiA, que tampoco acepta las tesis a la baja del PSC, aunque sí incorpora las recomendaciones del Institut d´Estudis Autonòmics (IEA) para evitar posibles casos de inconstitucionalidad en las materias concretas, en un triple eje que, en opinión de Jaume Bosch, puede ser la base del consenso en materia competencial "en el que todos nos sintamos reconocidos, excepto el PP". El PP presentó igualmente ayer sus enmiendas, incluida la de a la totalidad, en las que se opone al proyecto de Estatut por ser "un programa electoral nacionalista y de izquierdas", en palabras de Francesc Vendrell, para quien lo lógico sería "aceptar el fracaso" de año y medio de ponencia y "volver a empezar".